La subida del precio en los albergues públicos de Galicia en perspectiva

Los albergues públicos fueron creciendo en número  —actualmente son 70, con algo más de 3.200 plazas—, en ocasiones con inversiones un tanto desproporcionadas (Casa Grande de Lusío), y la mayoría de ellos, salvo los del Camino Francés, acabaron por ser cedidos a los municipios.

En 2008, porque es sabido que el sector público ni es muy hábil ni quiere complicarse con la prestación de ciertos servicios, decidió privatizar la red a través de la empresa Alvite, que años después renunció de forma un tanto abrupta argumentando falta de rentabilidad. Hubo que hacer un apaño y pasársela por trámite de urgencia a un gigante como OHL, que se encargó solo seis meses de la patata caliente, mientras se elaboraban las bases para un concurso público que se falló a finales de 2016. Dicha convocatoria la ganó Clece, filial de la constructora ACS, propiedad de Florentino Pérez, por un plazo de dos años prorrogables a otros dos, o sea, hasta la víspera del año santo.

Conocidos los precedentes, es sabido que a partir de este otoño la Xunta ha autorizado un aumento en el precio de sus albergues: de 6 a 8 euros. Desde la administración se ha explicado, para justificar una subida tan gravosa (nada menos que del 25%), que en un lustro no se había modificado el precio, aunque incluso así el aumento supondría aplicar un 5% anual, desde luego muy superior al del IPC. A renglón seguido se ha añadido que se están realizado muchas obras nuevas, tales como los albergues de Poulo (Camino Inglés), los nuevos de A Gudiña y Oseira, el macro proyecto de Vigo (1,2 millones de inversión, que ascenderá por el reciente derribo de dos viviendas colindantes en el transcurso de la obra) o la ampliación del de Pontevedra, único concedido por gentil merced a una asociación.

Sin embargo nada se ha comentado sobre el déficit crónico que arrastran estos albergues, un agujero que, por supuesto y como siempre, pagamos entre todos los contribuyentes a través del presupuesto de la Consellería de Cultura y Turismo. Tampoco han salido a la luz las más que presumibles presiones de la empresa concesionaria, que como es sabido no está ahí por filantropía, sino para ganar pasta (la filantropía queda limitada a los albergues tradicionales y de donativo, y en Galicia tan solo hay tres de este tipo, el bagaje más pobre de entre todas las comunidades españolas). Ante tal realidad mercantil nos resulta inexplicable que siga habiendo asociaciones jacobeas que se presten a enviar hospitaleros voluntarios para «colaborar» en estos albergues, sacando a otros las castañas del fuego.

Otra circunstancia a tener en cuenta es que los albergues de la Xunta, y sobre todo en los itinerarios con más oferta, se están marginalizando por no ofrecer los mismos servicios que los privados, y al respecto las principales quejas, que cualquiera puede leer en los comentarios de internet, son la carencia de menaje en sus cocinas (curiosa decisión en su día), que por lo tanto de poco sirven al peregrino, el deficiente mantenimiento y la ausencia de hospitaleros a partir de cierta hora.

Sin que compartamos las quejas de ciertos colectivos de albergues privados, que injustamente han tildado a la red pública de competencia desleal, es llegado el momento, a esta altura de la evolución del Camino, de hacernos una pregunta: ¿sigue siendo necesaria la inversión en este campo por parte de la administración?

El estímulo de los años 90 solo hallaría, hoy en día, justificación en itinerarios todavía en fase de consolidación (Sanabrés, Invierno). No obstante, en el presente la iniciativa privada es potente, y en todas las rutas jacobeas de Galicia se han multiplicado las inversiones de particulares, mayormente a cargo de emprendedores locales, que están optando por tipologías de albergues mixtos, con dormitorios compartidos y habitaciones privadas, y en un alto porcentaje ofreciendo servicio de bar y/o restaurante, amén de otros servicios. Muchas de estas iniciativas han sido subvencionadas, a través de fondos europeos y partidas autonómicas, con dinero público.

Por lo tanto, vemos en Turismo una inercia por seguir inaugurando albergues públicos, pese a gobernar Galicia un partido conservador y liberal, en vez de dar alas a la iniciativa privada, aunque sea con apoyo de la administración, siempre y cuando se trate de áreas deficitarias. La fiebre inversora explica en parte que todo ayuntamiento que se precie esté reclamando, con memorias justificativas de lo más rocambolesco, el reconocimiento de todo tipo de itinerarios jacobeos, más de 20 en la lista de espera para ser bendecidos entre trazados independientes, variantes y conexiones, sin que pase un mes en el que no surja una nueva propuesta.

Desde alguna asociación jacobea incluso se ha propuesto a la Xunta que modifique la normativa de gestión de los albergues públicos, y que desde ellos promueva la peregrinación tradicional de largo recorrido, por ejemplo reservando cada día un porcentaje de plazas para los que no hagan únicamente los 100 últimos kilómetros. De este modo se contribuiría a controlar ese espectáculo de temporada alta, tan poco jacobeo y edificante, de las colas de peregrinos y mochilas a la puerta de los albergues desde las 11 de la mañana. También sería una medida disuasoria para combatir la picaresca de los que no hacen el Camino a pie, y las tretas de los que transportan mochilas, para hacerse igualmente con una plaza.

Se ha sugerido también, por parte de asociaciones hosteleras, que el precio de los albergues refleje el coste real del servicio, máxime cuando a ellos les exige, en aras de la calidad, que ofrezcan sábanas de tela. De este modo se facilitaría una libre elección, lo que redundaría en que muchos albergues públicos saliesen mal parados.

Sin embargo, es sabido que en Turismo de Galicia se padece numeritis aguda crónica, esto es, sumar y sumar a toda costa para que el éxito cuantitativo prosiga sin fin, año tras año, y para ello es absolutamente preciso que se llenen todas las plazas disponibles en los albergues públicos. En tal sentido se ha llegado a indicar que gracias a estos albergues se democratiza el Camino, facilitando el acceso de personas jóvenes y sin medios que también tienen derecho a peregrinar como todo hijo de vecino.

Algunos pensamos que se está formando una gran burbuja con la inversión realizada para proveer de plazas las diversas rutas jacobeas, ya mastodóntica en el Camino Francés gallego y sin que pare, y también desmedida en otros caminos como el Portugués, Norte, Inglés y la prolongación a Fisterra y Muxía. A dónde va a parar todo esto nadie lo puede adivinar, pero en el sistema económico vigente es sabido que un crecimiento económico permanente, y del número de peregrinos también ilimitado, no es factible. Algún día vendrá una crisis, como la que ya suavemente está afectando al Camino Francés entre el Pirineo y León, y otro gallo, diferente del que mora en el gallinero de La Calzada, cantará.